Por Adrián Ravier*

El análisis económico nos permite comprender que cuando algo es de todos, en realidad no es de nadie. Y cuando ciertas tierras no son de nadie, aparece lo que la literatura denomina “la tragedia de la propiedad común”, en el sentido de que todos quieren aprovecharse del recurso y comienzan los conflictos.

Ronald Coase, premio Nobel de Economía, ha demostrado directa o indirectamente que la problemática medioambiental, o incluso el problema de ciertas especies en extinción, podría resolverse asignando derechos de propiedad. Una extensión de aquellas ideas también nos permite observar que asignar los derechos de propiedad es la solución de mercado que necesita la Villa 31.

La Villa 31 es un asentamiento que surge en 1932 y desde entonces no ha parado de crecer. Ciertas familias ocuparon los terrenos públicos y construyeron sus casas precarias. Al tiempo tuvieron hijos y cuando éstos se casaron, se les construyó un nuevo hogar en el piso de arriba.

Tal es así que en 2001 el censo mostraba más de 12.000 habitantes y ahora ese número se duplicó. Hay inseguridad y hay tierras que se ganaron a los tiros. La Policía Metropolitana no puede evitar que se ingresen materiales y se sigan construyendo nuevas casas, las que al no tener ningún tipo de regulación ni control (ni privado, ni público) significan un riesgo enorme. Un incendio, por ejemplo, podría crear una catástrofe.

El Gobierno de la Ciudad y el Gobierno nacional no hacen nada al respecto. Como sus antecesores, sólo son observadores de una realidad que los supera. La Villa 31 ha tenido censos y hay buena información respecto de las familias que viven en cada hogar. En los últimos meses incluso se comenzaron a comercializar estas propiedades, sin escritura, pero con boletos de compraventa.

La pregunta que queda es: ¿cómo solucionaría el mercado este problema? Y la respuesta es simple, cuando uno conoce la obra de Ronald Coase. Lo que la Villa 31 necesita es que se asignen los derechos de propiedad. La tierra ya no es pública, es de quienes allí viven. Lo que se necesita es que se les reconozca la propiedad, que el Gobierno nacional o de la Ciudad de Buenos Aires, el que tenga la competencia, les otorgue la escritura, y a partir de ahí surgirán incentivos para mejorar las construcciones edilicias, construir cloacas, agua corriente, servicios públicos, seguridad privada, asfalto de calles, pago de impuestos y todo lo que en las afueras de la Villa 31 resulta normal.

Las ventajas son muy claras, pero ¿cuáles son los riesgos? Quizás se incentive a inmigrantes y a personas sin techo que habitan en la ciudad a tomar otros asentamientos y esperar una solución similar. Pero esto no ocurrirá en tierras privadas, sino en otras tierras públicas.

Mi impresión es que cuanto antes se asignen los derechos de propiedad de las tierras públicas, los problemas asociados a esas tierras se resolverán. El Estado no necesita administrar tierras públicas y la experiencia muestra que cuando lo hace, lo hace mal.

El problema de las viviendas es un problema mundial. Argentina tiene tierras públicas a montones, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el interior del país. Cuánto se ganaría si a las personas que hoy carecen de propiedad se les asignara un terreno donde construir su hogar.

*MIembro del Consejo Academico de Federalismo y Libertad.
Fuente. INFOBAE 

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