“Transparencia y corrupción: cada peso cuenta”. Con ese primer titulo introductorio, el economista Clemente Babot da inicio a un informe de coyuntura en políticas públicas, realizado con el apoyo de la Fundación Federalismo y Libertad y un equipo de especialistas, en el que entre otros temas se remarca que aunque los gastos estatales se acrecientan en momentos de emergencia, esto debe hacerse con la prudencia que requiere el manejo del dinero publico.
“La situación generada por la crisis sanitaria producto de la aparición del COVID-19 vuelve urgente asegurar que las compras y contrataciones estatales cumplan con su objetivo enmarcado en la política de salud. Cada peso debe cumplir con cuidar a la población y para esto debe gastarse en forma eficiente”, explica el economista en el texto.
Y advierte: “sin embargo, como cada crisis genera oportunidades, se debe evitar que la urgencia de las necesidades de la emergencia no genere nuevos focos de corrupción con compras realizadas a precios fuera de mercado. La confusión, la angustia, la emergencia genera el ambiente perfecto para que los corruptos aprovechen el momento.
“Corrupción significa que las decisiones son tomadas, no para beneficio del interés publico, sino para servir al interés individual”, explica Babot y ejemplifica: “El reciente caso de compras de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo es un ejemplo evidente de estas prácticas”.
“Las compras se realizaron por un monto de unos $540 millones con sobreprecios que implican, según las investigaciones periodísticas, un gasto superior en $ 320 millones. Es importante notar que las compras fueron para productos básicos como aceites y fideos”.
Por otra parte, en el caso de nuestra provincia se destaca el como ejemplo, el Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia Nº 5/1, del 3/04/2020, menciona los fondos que la Suprema Corte de Justicia ($200.000.000), Ministerio Pupilar y de la
Defensa ($ 39.367.479,44) y del Tribunal de Cuentas ($ 30.000.000) ponen a disposición con afectación específica a las áreas que prestan el Servicio de Salud de la Provincia para la contratación de bienes y servicios para paliar el impacto de la pandemia.
“En el articulo 2 indica que faculta ‘al Sistema Provincial de Salud y al Ministerio de Desarrollo Social, a disponer
mediante Resolución la contratación en forma directa de todos aquellos bienes y servicios'”.
Y cierra: “es esencial que la transparencia, la apertura y la integridad se mantengan y refuercen en las compras y contrataciones públicas en estos momentos. Los ejemplos apuntados para la provincia van en la dirección contraria”.
Para leer el informe completo de la Fundación, se puede hacer CLICK AQUÍ.