Por Nicolas Cachanosky*
Entre los problemas institucionales de la política Argentina, la falta de un genuino federalismo es uno de los más importantes. El presidente, casi un Rey, se encuentra en términos de poder político sobre las provincias.
Este esquema unitario es contrario al federalismo donde son las provincias las soberanas y el gobierno nacional es una delegación, y no un mandatario, de los gobernadores. ¿Acaso llegar a Presidente no es el máximo rol al que un político puede aspirar? No deja ser un sistema peligroso… cuanto más poder político mayor es la capacidad de daño.
No es sorpresa que cuando la llamada “caja” comienza a flaquear los problemas políticos comienzan a asomar cabeza rápidamente. No es únicamente por un motivo de encontrar nuevas fuentes de ingresos a expropiar a tributar, sino que surge además un problema político entre la nación y las provincias.
¿Si no hay dinero para todos, a quién se coparticipan recursos y a quien no? ¿Se verán acaso los gobernadores que pertenecen al mismo color político que el presidente más beneficiados que otros?
¿Se harán obras públicas siguiendo la conveniencia electoral más que las necesidades de los pueblos en las provincias? ¿Por qué es la provincia quién debe recibir fondos de la nación y no la nación la que debe recibir fondos de las provincias?
Esto es un vicio tan fuerte en Argentina que no necesita mayores explicaciones. El gobierno K que tanto dice defender la democracia y la institucionalidad Argentina carece de pudor al momento de someter y complicar la administración de distritos que se perciben como opositores al modelo “Nac & Pop” (y vale aclarar, no es un vicio exclusivo del Kirchnerismo).
La relación de poder Presidente vs Gobernadores no es un mero enroque de figuras políticas que al fin de cuentas no tiene efectos sobre el crecimiento y desarrollo de un país. Si el máximo rol al que se puede aspirar es al de presidente, entonces los incentivos políticos se ven alterados. El rol del gobernados se ve disminuido al de peón de las necesidades partidarias y electorales de las presidencia. El puesto de gobernador corre el riesgo de dejar de ser una posición de administración para el bienestar de la provincia para pasar a ser un trampolín político a la presidencia. Si, de todas maneras, es la figura de presidente a lo que uno aspira como posición de máxima, difícilmente pueda llegar sin ser un eficiente gobernador.
El principio republicano -al cual adhiere la Constitución Nacional- implica una división y balance de poderes en cada unidad soberana. Por eso cada provincia (y Capital Federal) poseen su propia división de poderes, el Gobernador en el Poder Ejecutivo, sus propios representantes en el Poder Legislativo y el Poder Judicial de cada provincia. No es rol del gobierno nacional inmiscuirse en las cuestiones de cada provincia. En un genuino federalismo es el gobierno nacional el que está al servicio de las provincias y no las provincias las que están al servicio del gobierno nacional. En un geniuno federalismo son las provincias las que coparticipan recursos y delegan funciones al gobierno nacional. Mientras la división de poderes mantiene un equilibrio de poder horizontal, el federalismo mantiene un equilibrio de poder vertical. Ninguna provincia se encuentra por encima de otra, y la nación no se encuentra por encima de las provincias.
Por ejemplo, son los habitantes de cada provincia los que deciden cuántos recursos destinar al estado provincial para administrar la cosa pública, y a través de un acuerdo nacional entre todas las provincias (Congreso Nacional) cuántos recursos destinar al gobierno nacional para ser utilizados en aquellas funciones que las provincias soberanas delegan en la administración nacional. Puede ser más eficiente, por ejemplo, que se asigne a la administración nacional la protección ante amenazas externas a todas las provincias y el cuidado y control de fronteras y puertos.
De haber un genuino federalismo, el gobierno nacional no estaría en posición de someter a las provincias regateando fondos o usando obras públicas con fines electorales y de imagen política. Cada gobernador debería desempeñarse como un genuino administrador de la cosa pública y no como un lobista de fondos ante la nación. Claramente hay un problema institucional si la obtención de recursos depende del color político del gobernador o de su capacidad como lobista y no como por su capacidad administrativa.
De haber un genuino federalismo, entonces las provincias deberían competir entre ellas para atraer inversiones y mano de obra, en lugar de competir capturar los impuestos que pagan habitantes de otras provincias. ¿Cómo atraer inversiones a mi provincia si mi vecino ofrece mayor seguridad jurídica, impuestos sencillos y bajos, servicios públicos lo suficientemente eficiente que no obligue a contratar servicios privados paralelos (por ejemplo seguridad privada)?
En ausencia de federalismo y soberanía provincial, donde todas las provincias caen bajo un mayor delineamiento del gobierno nacional, la posibilidad de diferenciarse y competir se ve acotada pasando a ser el lobby político el modo de obtener fondos. ¿Cómo convencer a un fondo de inversión de llevar adelante explotación petrolera si ante un capricho político se puede sufrir una expropiación espontánea sin compensación? Este sometimiento no deja de traer ciertos beneficios para el gobernador. Mientras es la nación la encargada de cobrar impuestos, es el gobernador el encargado de gastar los fondos que reciba vía coparticipación. Quizás para algunos sellar un acuerdo político que garantice fondos sea más sencillo que efectivamente administrar los recursos de una provincia.
Más allá del país de ficción que ofrece el relato oficial, los problemas económicos, sociales e institucionales de Argentina son innegables. Sólo están ausentes para el que no quiere ver. Acercándose el gobierno actual al final de su etapa en los próximos años y siendo este un año electoral, ¿qué están pensando los gobernadores y figuras de la oposición sobre el futuro institucional del país? ¿Cuántos gobernadores están dispuestos actuar en genuino interés de sus provincias y recuperar su soberanía? ¿Cuántos que se ven como candidatos a presidente están genuinamente pensando en el bien del país y están dispuestos a descentralizar el poder político minimizando su capacidad de daño?
Aquellas figuras políticas que no se atreven a pensar en estos problemas y solucionar los problemas de fondo no pueden ofrecer mucho más que un Kirchnerismo bajo otro ropaje o denominación. No es casualidad que las décadas del 80 y del 90, y ahora el Kirchnerismo, hayan visto un final traumático. El daño institucional no se evita con buenos modales, se evita con instituciones eficientes. La bala que hiere a la víctima de un robo lo hace por igual ya sea que el ladrón le dispare insultándolo en la cara o de manera educada.
*Nicolás Cachanosky (Suffolk University), es Editor de Punto de Vista Economico.
Fuente. Economia para Todos