Por. María José Romano Boscarino*
El proyecto Sciolista para combatir la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires.
La primera definición de la palabra reforma que puede encontrarse en la Real Academia Española, es: “Volver a formar, rehacer”. En Argentina, trasladar este concepto al ámbito del sistema de seguridad, más específicamente del sistema policial, pareciera implicar la construcción de nuevas instituciones a partir de la reestructuración de viejas policías. Esto es perfectamente aplicable también a la Provincia de Buenos Aires, en la que se han producido desde el año 1997, cambios reiterados en la estructura organizativa policial.
El punto es que en los últimos tiempos, se ha abusado del concepto de reforma en esos terrenos, para hacer referencia a procesos o intervenciones que en realidad no constituyen una reestructuración verdadera. La “visión incrementalista” ha primado, concibiéndose al concepto de reforma como el mero aumento de recursos humanos, operacionales y de infraestructura, mientras la institución se mantiene tal cual está, sin cambios específicos, de fondo.
Si uno se retrotrae a lo acontecido en la Provincia de Buenos Aires, a la luz de la reciente modificación impulsada por el actual gobernador Daniel Scioli, queda manifiesto lo que acabamos de mencionar.
En el año 2014, por Decreto1 , con bombos y platillos de daba lugar a la creación de un nuevo cuerpo policial: las “Unidades de Policía de Prevención Local”2. Se pretendía con ello, en un marco de emergencia declarada, fortalecer la prevención del delito a escala municipal.
El modelo propuesto, según declaraciones del propio Ministro de Seguridad y del Gobernador, seguía la lógica de las modernas policías comunitarias y buscaba una solución rápida a una demanda creciente de la ciudadanía. Pero, como ocurre a menudo en nuestros pagos, tanto el planteo realizado en la normativa como la puesta en marcha desde entonces de esta llamada “reforma”, que ya lleva casi un año, han dejado entrever innumerables falencias y carencias que quitan toda legitimidad al discurso político mantenido.
En primer lugar, la llamada “descentralización”, eje principal de la política elegida, sólo se observa en algunos aspectos, como por ejemplo, al establecer que los Intendentes serán responsables de la elaboración de un plan de acción para la Policía Local, pero en términos generales, se mantiene la centralización orgánica. Es decir, a efectos de organización, 1 Decreto 373/14, Ministerio de Seguridad, Provincia de Buenos Aires, Junio 2014 2 Resolución Nº 835/14, Ministerio de Seguridad, Provincia de Buenos Aires, Julio 2014 instalaciones, materiales, financiamiento, etc. continúa la dependencia respecto al Ministerio de Seguridad, a la Provincia. Es así como los líderes municipales terminan por asumir la responsabilidad inmediata y el costo político de la inseguridad no resuelta, pero recibiendo un poder limitado para poder enfrentarla.
Por otro lado, no se ha formalizado ningún tipo de articulación entre las fuerzas policiales preexistentes y la nueva, manteniéndose una difusa relación entre las competencias y responsabilidades que atañen a la Policía Local y a la Policía Provincial y la convivencia entre las mismas.
Además, en cuanto a participación ciudadana, si bien se apunta a la conformación de un vínculo más estrecho entre vecinos y policía, no se convoca a que éstos se involucren en el diseño y desarrollo de las iniciativas preventivas, ni en el control de la gestión.
Si de profesionalización hablamos, no se determina un programa de contenidos básicos esenciales, ni lineamientos para la capacitación de los futuros agentes. Y, adicionalmente, la normativa incluye como excepción la posibilidad de que se acelere el proceso de formación, de tal modo de reducir a la mitad el tiempo de preparación (de un año a seis meses), con los riesgos y limitaciones que esto conlleva para la ciudadanía.
En términos de carrera policial, no se prevé un régimen especial, por lo que se aplicaría el mismo escalafón que rige para la Policía Provincial. Lo mismo ocurre respecto a ascensos y promociones.
Otro tema sumamente importante tiene que ver con que no se contempla la creación de un organismo de control y auditoría especial, arrastrándose a las nuevas fuerzas policiales a la órbita de vigilancia del sistema centralizado existente, que no sólo está repleto de problemas sino que impide un control cercano y por ende, más efectivo.
En resumidas cuentas, éstos son algunos puntos de la iniciativa llevada adelante por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires en materia de seguridad, que si bien se encuentra en una etapa inicial de implementación, lejos pareciera estar, de constituir una verdadera reforma.
El proyecto no logra siquiera aproximarse a un modelo de Policía Comunitaria, que supuestamente pretendía imitarse. Básicamente porque para ello, se requiere un cambio integral de paradigma y filosofía de trabajo policial. Aquel que implica redefinir desde las bases el rol que cumplen los agentes y la Institución y que necesariamente va acompañado del empoderamiento ciudadano y de apertura institucional. Más aún, toda esta “movilización” hacia los municipios se lleva a la práctica de manera apresurada, sin un esquema consolidado de formación profesional, manteniendo estructuras informales, reconvirtiendo parte de la fuerza policial existente, colmada de vicios, “vendiendo” un modelo de descentralización que no es tal (al menos no aún) y generando confusión en la ciudadanía a la hora de plantearse a quién recurrir en cada caso.
Ampliar las bases organizacionales de las policía actuales mientras se reproducen sus prácticas, no implica una reforma real. Tampoco lo es la declaración política de buena voluntad de combatir al problemática de la inseguridad, ni la puesta en marcha de medidas aisladas.
Una reforma policial real, que es lo que se necesita, implica un proceso mucho más complejo de reorganización doctrinaria, orgánica y funcional que se construye sobre cambios institucionales profundos.
Sin verdadera convicción, ni propuestas para que ello suceda, pareciera ser inevitable caer nuevamente en fracasados proyectos que en definitiva se transforman en meros anuncios que acompañan los ciclos político-electorales.
¿Y las soluciones? Bien, gracias.
* Licenciada en Economía (Universidad Nacional de Tucumán) Maestrando en Políticas Publicas (Universidad Torcuato Di Tella). Forma parte del Staff de la fundación Federalismo y Libertad.