Por Emmanuel Parrado*

El 24 de marzo se conmemoró 37 años del último golpe de estado ocurrido en la vida democrática argentina. Desde el gobierno nacional se dispuso, como desde hace un par de años, propagandas que llaman a la reflexión sobre aquel dramático episodio que afectó a la sociedad argentina. Desde Federalismo y Libertad coincidimos con aquel mensaje que incentiva a que nunca más se repita la violación sistemática de los derechos humanos desde el estado, al mismo tiempo que apuesta por la continuidad de la vida republicana y democrática. Sin embargo, hay diversas cuestiones que ameritan reflexiones y que tanto en el poder ejecutivo nacional como en el arco opositor están ausentes.
En primer lugar, una fecha que debería ameritar un replanteo generalizado de la clase política sobre las razones y las condiciones históricas que posibilitaron el golpe están totalmente ausentes. Se explica el desarrollo y aplicación del terror de estado desde un argumento banal y mediocre que responsabiliza a la acción de los países imperialistas que frenaron el proceso de “emancipación americana”. Parece que nada tuvo que ver la complicidad de la clase política de aquel momento (de tintes políticos partidarios varios). Una clase, por cierto, integrada por actores que al día de hoy todavía ocupan cargos en el estado y que tuvieron mucho que ver durante aquellos oscuros años.
Por otra parte, se insiste con aquella nefasta hipótesis que identifica al gobierno militar con la tradición liberal, en realidad carece de toda validez histórica y teórica. ¿Como es posible afirmar que el gobierno de marzo de 1976 haya desplegado una política de tinte liberal en lo político, social, económico? ¿Sobre qué fundamentos se achaca al liberalismo la responsabilidad en una política que no respetó los derechos humanos más básicos como la vida y la propiedad? ¿De qué clase de economía libre fue la aplicada durante los años ’70 si lo que en realidad pregonó fue una trama corporativa entre empresarios prebendarios y una burocracia militar corrupta que en ningún momento apostó al desarrollo económico a través de la libre empresa y competencia, sino que se interesó en beneficiar y proteger a los negocios de los amigos del poder? Lo más grave de todo es que aquellas ideas no sólo provienen de un gobierno que en buena medida reproduce una lógica económica asentada en una trama prebendaria, sino de opositores que últimamente lloraron la muerte de un gobernante lationamericano que durante casi veinte años condenó a un gran país a la pobreza, limitó libertades y subordinó las instituciones a sus proyectos personales con argumentos de que eran legítimos por tratarse del pueblo que lo votó, mientras que la minoría no tuvo ni voz ni voto por eso no importaba.
Por último, y quizá lo más grave, gira en torno a la política de derechos humanos por parte del gobierno nacional. A partir de 2003 se dispuso una política sistemática de juicios y castigo a todos aquellos culpables y cómplices de crimines de lesa humanidad. ¿Qué tipo de coherencia tiene este tipo de políticas si al mismo tiempo se traza como ejemplos a seguir a regímenes políticos como el stalinista castrista que hace más de 60 años tortura, asesina, secuestra y desaparece a todo opositor al régimen? ¿Cómo es posible reflexionar sobre derechos humanos desde estado si al mismo tiempo se firma un memorándum de entendimiento con un país teocrático cuya sociedad a más de una década del siglo XXI continúa rigiéndose por leyes religiosas y las libertades básicas de un ser humanos no están ni siquiera contempladas?
Considero que una genuina idea sobre memoria, verdad y justicia no sólo tiene que ser sistemática sino revisada. Ello no debe ser sólo tarea del estado y de los gobiernos, sino también de los propios actores que ocupan la escena política. Si se abandona este básico precepto, se continuará promoviendo una visión parcializada y distorsionada de nuestra historia argentina reciente.

*Director Centro de Investigación de Federalismo y Libertad

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