Por Emmanuel Parrado*
Cuando en 1984 Milton Friedman dictó una serie de conferencias en la Universidad de Reikiavik, Islandia se le inquirió por el precio abultado de sus conferencias. La acusación fue que el cobro de su seminario iba en contra de la “tradición” de la universidad pública ya que todos los eventos hasta allí realizados habían sido “gratis”.

Recurriendo a un argumento singular, Friedman respondía concisamente “que las conferencias hasta allí dictadas no habían sido gratis”, sino que habían sido pagadas por “alguien”.

En ese sentido, lo injusto no era el pago de arancel para escuchar sus conferencias, sino que otras personas que nunca habían asistido ni asistirían a la universidad habían pagado compulsivamente y sin saberlo el dictado de cursos, seminarios y conferencias. En definitiva, se instalaba un debate central que hasta el día de hoy pervive en nuestra sociedad acerca si es legítimo y justo, el uso de los capitales privados de los individuos por parte de los gobiernos para difundir sus eventos.

No es mi propósito resolver ahora ese dilema, sino que me preocupa algo más urgente y peligroso: ¿son legítimos los fundamentos esgrimidos por los gobiernos para usufructuar con el dinero de los contribuyentes obras para propaganda política proselitista? ¿Se esgrime algún fundamento por si acaso?

Planteo este problema por la razón de que en la última semana aparecieron en la vía pública, más precisamente en espacios controlados por la municipalidad capitalina, panfletos y afiches atacando a una figura importante de los medios periodísticos nacionales. ¿Hubo algún el justificativo de la Municipalidad San Miguel de Tucumán para utilizar dinero de todos los contribuyentes y ciudadanos que habitan en la capital con el fin de promover una campaña política contra una persona o individuo? ¿Es acaso justa y legítima tal acción? ¿Surgieron reacciones por parte de los representantes del pueblo soberano (opositores u oficialistas) ante tal medida?

Sin duda que la legalidad otorgada por el sistema democrático republicano a gobiernos y partidos para legitimar sus acciones políticas aquí no se cuestiona, sino que sería ejemplar un poco más de madurez y responsabilidad sobre ciertas acciones que posibiliten la distinción entre la esfera pública estatal y gubernamental, sobre todo si gran parte de estas medidas se financian exclusivamente con capitales privados de todos los contribuyentes que habitamos la ciudad.

*Director del Centro de Investigación Federalismo y Libertad.

X