Por Juan Carlos Hidalgo*
La Nación publica hoy una amplia entrevista con el canciller Enrique Castillo tras su visita a Cuba, la primera que hace un ministro de Relaciones Exteriores a la isla desde la Revolución Cubana en 1959. El intercambio gira primordialmente sobre si le conviene o no a Costa Rica tener relaciones amistosas con una dictadura como la de los Castro. En general, considero prudente que el país tenga relaciones diplomáticas con Cuba, lo cual tampoco significa que debamos pelarles el diente. Sin embargo, dos cosas me llamaron poderosamente la atención de esta entrevista: Cuando se le pregunta a Castillo si asume a Chávez como el presidente venezolano, el canciller afirma que “Esa es una discusión interna de Venezuela que ellos deben resolver”. Estoy de acuerdo. Pero cuán diferente es esa actitud de Castillo a lo ocurrido en junio pasado cuando el Congreso de Paraguay destituyó mediante un juicio político al presidente Fernando Lugo. En aquella ocasión, a pocas horas de haber sido removido Lugo de su cargo, Castillo se dejó decir que lo ocurrido en ese país mostraba “vicios de golpe de Estado” e incluso hasta le ofreció asilo político a Lugo. En realidad, el Congreso paraguayo actuó siguiendo al pie de la letra Constitución de su país―algo que luego fue ratificado por la Corte Suprema guaraní. Lo mismo no puede decirse de la situación en Venezuela, donde, a contraposición de lo que establece la Constitución, la Corte Suprema de ese país ha declarado que Chávez continúa siendo presidente en ejercicio a pesar de no haber sido juramentado para su nuevo mandato y que no haya dado señales de vida en más de un mes. ¿Cómo es eso que sí nos metemos a opinar (y condenar) la constitucionalidad de una sucesión presidencial en Paraguay pero con Venezuela nos hacemos los rusos?
La razón la podemos encontrar más abajo, cuando Castillo explica el acercamiento de la administración Chinchilla a Cuba y los demás países del ALBA: “Si los países del ALBA en algún momento apoyaron a Nicaragua, queremos que dejen de apoyarla”. Es decir, todo es realpolitik. Jugamos el jueguito latinoamericano del ALBA―que incluye salir a condenar a Paraguay por un juicio político perfectamente constitucional―porque tenemos la fe de que ese bloque deje de apoyar a Nicaragua en el lío diplomático que nos tenemos con ese país. ¿Alguien le pasó el memo al canciller Castillo de que Nicaragua es miembro activo y pleno del ALBA? ¿En verdad la administración Chinchilla espera que Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia apoyen a Costa Rica en su bronca con Daniel Ortega? Cajita blanca para el canciller con la foto adjunta.
Finalmente, en una nota aparte, me parece lamentable la declaratoria de “interés público” que la administración Chinchilla le ha dado a la candidatura de Anabelle González para la secretaría general de la Organización Mundial del Comercio. La declaratoria implica que las instituciones públicas contribuyan “recursos humanos y económicos” a la aspiración de González. ¿A cuenta de qué? Le deseo la mejor de las suertes a la ministra González. Pero me parece pésimo que el gobierno, teniendo un elevado déficit fiscal, gaste dinero de los contribuyentes apoyando la aspiración personal de una funcionaria. Porque, aparte del “reconocimiento” y que varios ticos se vayan a Ginebra a trabajar con ella, ¿qué gana el país con que González logre ese puesto? El cargo de secretario general de la OMC demanda absoluta neutralidad para quien lo ostente. De tal forma, tampoco es que González podría avanzar los intereses comerciales costarricenses desde ese cargo. Por lo tanto, resulta deplorable que la presidenta Chinchilla se meta a gastar recursos públicos promoviendo la aspiración personal de su amiga de larga data.
*Analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute, en Washington DC.
Miembro del Consejo Internacional de Federalismo y Libertad (Tucumán- Argentina).
Fuente. EL FINANCIERO