Impuestos sobre el patrimonio anticovid (peligro evitado)
Los gobiernos técnicos han llevado a las necesarias consolidaciones fiscales. Pero esta vez la tendencia ha cambiado: ahora el reto es saber gastar bien
Por Alberto Mingardi
Traducción de Carlo Mercurelli
Desde la ascensión de Juan Domingo Perón en 1946 hasta hoy, Argentina es una especie de invernadero en el que se perfeccionan las recetas populistas. El paréntesis «posperonista» de Mauricio Macri terminó rápido, con la llegada a la Casa Rosada del peronista Alberto Fernández en 2019. El país latinoamericano entró en la pandemia con numerosas comorbilidades: su economía ya estaba en declive y en 2020 el PBI cayó un 10,4%. Argentina tuvo el confinamiento más largo del mundo, del 20 de marzo al 9 de noviembre, y uno de los peores rendimientos sanitarios: dos millones de casos de Covid (en el marco de una población de 45 millones) y 48.000 muertes. La tasa de desempleo está en su nivel más alto desde 2004 y se balancea hacia el 15%, a pesar de un plan de estímulo equivalente a alrededor del 2% del PBI. En 2020 el país entró en default por novena vez en su historia y además no hay apuesta. Por esto, el gobierno ha preparado un nuevo «impuesto a los ricos».
El «Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia» afecta a quienes, en el país, poseen un patrimonio superior a los 200 millones de pesos (aproximadamente dos millones de euros), con alícuotas entre 2 y 3,5%. Para los que declaran bienes en el exterior, hay un aumento de la alícuota del 50% con un descuento solo en el caso de que repatrien por lo menos un tercio de los capitales fuera de Argentina.
La disposición fue ideada por un hijo de artistas: Máximo Kirchner, hijo de los expresidentes Nestor y Cristina Kirchner, que actualmente es vicepresidenta. Se trata de una medida extraordinaria, diseñada para apoyar al menos parcialmente el esfuerzo de lucha contra el Covid y que, según los promotores, generará ingresos claramente restringidos: el 20%, por ejemplo, debería destinarse a la compra de equipos médicos.
En Italia nada es tan estable como lo que es provisional, advirtía Giuseppe Prezzolini, y lo mismo pasa en Argentina. El arrière-pensée que una contribución, nacida en una lógica de emergencia, pueda llegar a ser un aumento permanente de impuesto, no parece una idea tan maliciosa: principalmente porque no está claro, ni en nuestro hemisferio ni en el otro, cuando terminará la emergencia pandémica. Además, la Unión Industrial Argentina tiene el camino fácil para señalar que se está redefiniendo la base imponible (afectando los bienes en el exterior pero también los bienes de los extranjeros en el país), encima a través de un dispositivo que debería ser transitorio. Los efectos dinámicos son los que más preocupan. Argentina es famosa por muchas cosas, pero no por el estado de derecho y la calidad de las instituciones. Es improbable que este golpe de mano, que además proviene de la misma «dinastía Kirchner», que marca el rumbo del país hace veinte años, contribuya a tranquilizar y con mayor razón a atraer inversores internacionales. Morris Pearl, ex gerente de BlackRock y presidente de la asociación «Patriotic Millionaires», pidió a Estados Unidos que «copiara a Argentina» y también sometiera a los millonarios estadounidenses a un nuevo mazazo. Sería sorprendente que siguieran sus invocaciones.
En cambio, es más probable que el impuesto extraordinario inducirá a algunos contribuyentes a intentar eludir el gobierno de Buenos Aires. Además hay pocos países a los que se adapta tan bien la advertencia de Luigi Einaudi, según el cual los exportadores de capital «son benefactores de la Patria, porque los capitales se escapan cuando los gobiernos insensatos y derrochadores los dilapidan y por lo tanto llevandoselos a otra parte, los salvan del desastre y los preservan para utilizarlos en el futuro, cuando volverá el sentido común». El problema es que el sentido común parece particularmente raro en esas latitudes.
¿Y Nosotros? La llegada de un gobierno dirigido por un técnico coincide, en la historia italiana, con momentos de consolidación fiscal. Así fue con el gobierno de Ciampi en 1993, que además, antes de las elecciones del ’94, hizo intervenciones iguales a un tercio de las que hizo ell anterior ejecutivo conducido por Giuliano Amato. Así fue con el gobierno de Dini en 1995, que hizo la reforma jubilatoria. Así fue con el gobierno de Monti, que, con el país al borde de la crisis financiera, volvió a meter la mano a las jubilaciones con la reforma Fornero, y también sancionó una serie de aumentos de impuestos.
La situación hoy es completamente diferente y el hecho que no necesitamos de un técnico para recortar, sino para gastar el lauto botín del «Recovery Fund», talvez eso nos dice algo sobre el fracaso de nuestra clase política. En los últimos meses, el Partido Democrático y Cinquestelle han afilado repetidamente la hoja de la reforma fiscal, con la promesa más o menos explícita de agravar el drenaje para los más pudientes. La enmienda Fratoianni-Orfini a la última ley de presupuesto nacional quería redefinir la fiscalidad de quienes tienen un patrimonio neto superior al los 500 mil euros (algo menos del 10% de las familias italianas).
La pandemia ha aumentado las necesidades fiscales del estado también en Italia, pero por ahora las hemos contenidas con impuestos futuros, es decir, con deuda. Sin embargo, esta situación determina también el aumento de los contrastes y las desigualdades – entre los trabajadores de renta fija y los autónomos, entre los empleados del sector público y los monotributistas, y más en general entre las personas que logran vivir con cierta facilidad, incluso en el confinamento, y las que, en cambio, no pueden – que están destinadas a llenar el tanque de la promesas de la política.
Es improbable que la reforma fiscal provenga del gobierno de Draghi, pero el tema seguirá siendo central en la agenda política. Cuanto más difícil será la recuperación, más fuerte será el resentimiento social y más fuerte la tentación de seguir el ejemplo argentino.
El artículo fue publicado en “Corriere della Sera”. L’Economia, el día 8 de febrero de 2021