Por Facundo Iñaki Guerrero
El 8 de junio el presidente, Alberto Fernández, hizo una declaración que elevó la temperatura de la sociedad en general, anunciando la “intervención y expropiación” de una agroexportadora líder en el país, VICENTIN S.A.I.C. Esta declaración tan delicada generó inmediatamente una división entre los argentinos, socavando una grieta casi irreconciliable.
En efecto, la mayor polémica que suscitó la posible expropiación gira en torno a la legalidad de la medida, y los efectos económicos que tuvo y tendrá esta sobre la sociedad, por el hecho que todos los argentinos pasaríamos a ser responsables de la deuda de la empresa, estimada en 99.345,2 millones de pesos.
En primer lugar, con respecto al ámbito legal, se pone en tela de juicio su constitucionalidad, ya que el art. 109 de la Constitución Nacional Argentina prohíbe al Presidente el ejercicio de funciones judiciales, tanto sobre causas pendientes, como las ya fenecidas. Sin embargo, se observa que el mandatario a través de un DNU pretende intervenir la causa “Vicentín saic s/ Concurso Preventivo”, a cargo del juez santafesino Fabián Silvano Lorenzini, la cual, evidentemente, sigue pendiente de resolución. También se podría cuestionar la pertinencia del empleo del Decreto de Necesidad y Urgencia, principalmente porque el Congreso se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones, y sin más, podría haber sido este desde un principio (art. 17 CN), quien dirima si la sociedad VICENTIN S.A.I.C. representa efectivamente un bien de utilidad pública para el país, o no.
En segundo lugar, podemos mencionar los efectos económicos directos del anuncio de la intención de expropiar Vicentin. Si bien la expropiación aún no se materializó, el simple hecho de avizorar un posible avance del Estado sobre los derechos de propiedad privada hizo tambalear a los mercados financieros, golpeando fuertemente a las acciones de las empresas argentinas, las cuales llegaron a caer ese mismo día hasta un 9% en Wall Street. Tal es el caso de Telecom (8,3%), Central Puerto (7,6%) y Banco Macro (7,4%).
Cabe resaltar que, durante la pandemia, “el avance del Estado sobre la esfera privada” no es un fenómeno exclusivo de Argentina, sino que estas medidas “intervencionistas” se han replegado a lo largo y ancho del mundo con distintos matices. No obstante, de acuerdo al marco legal establecido, los mercados reaccionaron de manera distinta en cada país.
Tal es así que, el 9 de abril, la Unión Europea dio un gran giro en su política económica, cuando la Comisión Europea anunció que “permitirá a los Estados miembros de la Unión Europea participar en el capital de empresas consideradas estratégicas”, a través de cambios formales en el “Marco Temporal de Ayudas Estatales”.
A raíz de esto, es que el Gobierno argentino pretende comparar la intervención de Vicentin con la participación del capital impulsado por la Unión Europea; en vista que ambos representan avances del Estado sobre el sector privado. Sin embargo, entre una y otra medida existen diferencias abismales. La diferencia esencial radica en la administración de la sociedad. Mientras que en la intervención de Vicentin se busca desplazar al Directorio de la empresa por un “interventor”, Roberto Gabriel Delgado. En la participación de capitales, los Estados miembros de la UE se limitan a solventar a las empresas, sin el objeto de desplazar a sus dueños ni administradores, siempre y cuando estos no sean socios mayoritarios.
Además, la Comisión Europea estableció una serie de procedimientos a seguir para asegurar la salida de los Estados del sector privado, una vez superado los problemas de solvencia ocasionados por el COVID-19. Caso muy distinto al de Vicentin, donde el Estado argentino pretende apropiarse de la empresa, y partir de ella lograr la denominada “Soberanía Alimentaria”, evocación que nos traslada directamente al fallido proyecto de “Soberanía Energética” de la mano de YPF y su deficiente administración desde 2012.
En resumen, podríamos decir que la gran diferencia entre la estrategia establecida por la UE y Argentina para “rescatar a sus empresas” se funda en la garantía que ofrece cada marco legal para asegurar la autonomía y propiedad del sector privado. Un punto clave para entender la vertiginosa reacción de los mercados en relación a las empresas argentinas.
En este sentido, podemos entender el apabullamiento de los mercados frente a esta medida. Aunque estos no son los únicos que se vieron consternados por este avasallamiento al derecho de propiedad, sino que, grandes sectores de la sociedad comenzaron a fogonear la idea del avance de medidas bolivarianas, y despertó el temor a un posible fantasma venezolano y, la desgracia que esto podría representar para la Argentina.
La intervención del Gobierno no tan sólo peca de inconstitucional, sino que ahuyenta a los mercados y a la inversión, tanto extrajera como de nacionales, porque sin seguridad jurídica ni garantías que amparen a la propiedad privada y el capital, no existe incentivo alguno por la inversión, y cualquier bosquejo de progreso se esfuma frente a las arbitrariedades del poder y su insaciable voracidad al avanzar sobre el sector privado.